domingo, 20 de julio de 2014

Inmigración y derechos humanos

Los terribles acontecimientos de El Ejido no sólo han puesto en evidencia que la barbarie sigue presente en nuestra civilización, con la incalificable conducta de algunos de sus vecinos, sino las condiciones infrahumanas en las que vive un tercio de su población, ante la impasibilidad de todos nosotros.

El PNUD, en su informe sobre derechos humanos y sus consecuencias para el desarrollo humano, afirmaba que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos. La pobreza y la desigualdad socavan los derechos humanos al alimentar la intranquilidad social y la violencia, al situar en posición precaria los derechos sociales, económicos y políticos. La pobreza y los medios de vida sostenible son multifacéticos, engloban tanto la satisfacción de los derechos básicos como de otros no materiales: derechos de participación, a la dignidad humana y a la seguridad. Estas violaciones se han evidenciado estos días en una franja de los habitantes de la población almeriense, olvidándonos de que la eliminación de la pobreza es un objetivo primordial para el desarrollo del derecho humano sostenible, meta a la que tienen derecho todas las personas.

Éste no es un fenómeno aislado, ni en cuanto a la pobreza de los trabajadores ni en cuanto a las conductas xenófobas, tiene antecedentes en el desarrollo del capitalismo. Desde los ochenta el Estado social se ha visto desacreditado y desmantelado, siendo reemplazado por un sistema económico sin fronteras, abandonándose de facto los principios de los tratados internacionales aprobados en 1966, el pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el pacto internacional relativo a los Derechos Económicos Sociales y Culturales. La solución se ha denominado "mercado libre". Los países del Tercer Mundo son las víctimas de la avaricia del Primer Mundo. En este contexto, el problema de los derechos humanos no se ha solucionado con el reconocimiento como seres humanos de todos los individuos del planeta, a partir de sus diferencias (básicamente dadas por el 80% de los recursos en manos del 12% de población del globo sin olvidar las bolsas de pobreza del Primer Mundo). En más de 70 países, principalmente del sur, el ingreso por habitante y año no ha hecho más que bajar. En el mundo tres mil millones, la mitad de la humanidad, viven con menos de 1,5$. En España hay 8,5 millones de pobres, el 44% son jóvenes.

Con este panorama, la migración y el exilio son el reverso inevitable de la libre movilidad del capital. Según las Naciones Unidas, 130 millones de refugiados y de inmigrantes viven fuera de su país natal (1997). Un hombre de cada cincuenta se encuentra hoy en camino de la migración y el exilio. Un tercio de los refugiados vive en Europa. En la UE somos testigos de una política contradictoria: a ningún representante de los gobiernos se le ocurriría mantener que la migración y el exilio son sancionables. Pero, al mismo tiempo, la inmigración legal se ve limitada de forma drástica. Las fronteras de la Europa occidental se convierten en barreras, mientras las respectivas constituciones reconocen la libertad de circulación de los ciudadanos.

Como recordaba Robert Vergés, la Declaración Universal de 1948 es producto de la tradición social y política europea. Así, el ser humano es masculino, la religión es la judeocristiana, la raza es la blanca, etcétera, que han servido para la utilización de identidades culturales, para justificar restricciones a sujetos de derecho: negros, mujeres, indios... Observando la realidad de los países del Norte, en ellos también existe la pena de muerte, la tortura, la pobreza, la discriminación por razón de origen social, nacional y cultural, que comúnmente son violaciones de derechos que recaen sobre individuos distintos al prototipo liberal sobre el que se hizo la declaración y los pobres.

Los más expuestos a padecer el cercenamiento de derechos son los que han venido huyendo de otros países donde las condiciones son peores. El inmigrante en el Primer Mundo se encuentra, además de en la pobreza y marginación, al margen de la legalidad, con dificultades para obtener documentación, residencia y trabajo, que le colocan en situación de explotación laboral, sin asistencia sanitaria, con imposibilidad para alquilar una vivienda, abrir una cuenta corriente, etcétera. Todo ello les sitúa en guetos autoprotectores de identidad, pues el entorno les exige para la integración una renuncia de hecho de aquélla (es ilustrativa la profanación de la mezquita de El Ejido). Ello les expone a ser víctimas del racismo y la xenofobia, que suelen aparecer en el territorio donde se les acoge, que olvida la riqueza que generan. La discriminación institucional entre ciudadanos nacionales y extranjeros es el gran desafío de los derechos humanos que nos presentan las corrientes migratorias y que no se resolvió con la Ley Orgánica Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España de 1985, que ya nació con unos valores represivos, primando el control policial de las personas, consideradas como sujetos de sospecha, ignorando las verdaderas causas socioeconómicas de los flujos migratorios. Así se explican las expulsiones y las devoluciones en España en 1997 o el más de un centenar de muertos en el estrecho de Gibraltar al intentar cruzarlo con frágiles embarcaciones. Asimismo, se dictaron 11.212 decretos de expulsión, se practicaron 23.023 devoluciones, se concedieron 105 peticiones de asilo (2,7% de las solicitadas.)

Hay que crear dentro de la UE el marco propicio para evitar que ser ciudadano no europeo sea un elemento de discriminación respecto a los demás ciudadanos. La lucha por los derechos de los extranjeros inmigrantes es el gran reto en el continente. Son el gran grupo de desposeídos de todo, a los que se niega el derecho de integración. La conductas xenófobas que se siguen generando en Europa y fuera de ella, las agresiones y rechazos sociales cuestionan nuestra capacidad de convivencia intercultural, preludio necesario de todo proceso de integración de las diferencias.

En Europa y en el Estado español deberíamos haber aprendido que no es posible alcanzar la auténtica integración generadora de la paz si no es desde el profundo respeto de las diferencias culturales de los pueblos; no como una resignación inevitable, sino como un reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural como un factor de enriquecimiento y dinamización de las sociedades.

SILVIA VENTURA MAS, SANTIAGO VIDAL MARSAL y MATILDE ARAGÓ GASSIOT, miembros de Jueces para la Democracia [02 marzo 2000]



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