En medios de comunicación han reflejado estos días, con distinta intensidad, los discursos pronunciados ante la Asamblea General de la ONU por su secretario general y los líderes mundiales. Uno de los temas tratados ha sido el del derecho de injerencia por razones humanitarias.
Kofi Annan se expresó con claridad al proclamar que la comunidad internacional tiene no sólo el derecho sino el deber de actuar cuando millones de personas sufren persecución, deportaciones o son víctimas de masacres y violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos. O para restablecer la paz y la seguridad. Y que hoy en día una concepción plenamente soberanista de las relaciones entre los estados está desfasada. Esta posición cobra su pleno sentido al calor de los acontecimientos de Kosovo y Timor Oriental, como en relación con Ruanda y Bosnia, por poner sólo algunos ejemplos.
Uno no puede más que felicitarse ante esta toma de postura de Annan, impensable hace tan sólo unos años y algunos genocidios. Y qué menos que felicitar a Bernard Kouchñer, que inició el camino de la injerencia desde Médicos Sin Fronteras hace ya más de dos décadas y que ha liderado desde entonces nuestros esfuerzos. Poco a poco, y a costa de demasiados horrores, pero se va abriendo paso otra forma de ver las relaciones internacionales que, en un mundo global, pretende globalizar también los derechos de sus habitantes. Y que éstos no sean prisioneros de las fronteras del odio.
Los que llevamos largos y penosos años tratando de romper las barreras de todo tipo, incluidas las mentales, para permitir de verdad hacer avanzar el derecho internacional, sabemos que esta buena noticia va a ir acompañada de todos los principios de los soberanistas, que pondrán en marcha todos sus argumentos señalando los peligros del nuevo injerencismo: que estén tranquilos. Nadie conoce mejor los riesgos y peligros de abrir la vía a la intervención, sin que esté claramente regulada, que los que la apoyamos, porque, en general, hemos estado en el terreno sufriendo todas las hipocresías y manipulaciones de los poderosos. Pero hemos aprendido, con demasiado dolor ajeno, que lo peor es la no intervención para salvar vidas y prevenir desastres. Hemos aprendido de la inmoralidad de dejar a su suerte a millones de personas porque nacieron en un territorio determinado. A su suerte y en manos de los asesinos, fueran éstos de derechas o de izquerdas.
Cada crisis no evitada volverá a poner sobre la mesa las preguntas del porqué, qué hicimos para evitarla, o qué hacernos para mitigarla y resolverla. Y sea cual sea el balance de Kosovo y Timor, se impone la certeza de que hubiera sido peor no intervenir. Y va quedando claro para mucho aspirante a genocida, que el mundo ha cambiado y que se están acabando, poco a poco, cierto es, y no en todas partes, las patentes de corso y la impunidad. Lo saben Pinochet y Milosevic, y creo que los generales indonesios...
Sabemos también que la necesidad de intervenir militarmente es el resultado de un fracaso, de la ausencia de intervención preventiva. Y que puede convertirse en una trampa a favor de un nuevo militarismo Para evitarlo, el Derecho debe reforzar los mecanismos preventivos y disuasorios y no basarse únicamente en la tentación de actuar post facto, cuando ya es demasiado tarde para muchos, cuando la destrucción es ya irreparable.
Por eso, el deber de intervención requiere de todo un sistema prioritario y complementario de medidas y recursos que eviten la necesidad del uso de la fuerza. Y entre ellos, la puesta en marcha urgente del Tribunal Penal internacional, que, además de juzgar a los criminales, debe jugar un papel de disuasión para los aprendices a serlo. Y, cómo no, reforzar la autoridad, la capacidad, la independencia (y por tanto la reforma) de las Naciones Unidas, dotarlas de recursos humanos y financieros suficientes, ,crear una fuerza internacional permanente de paz... Estas y otras son algunas medidas imprescindibles para hacer avanzar los derechos humanos y garantizarlos en este fin de siglo lleno de desastres y riesgos. Y para evitar la creciente necesidad de ir a la guerra en nombre de la paz.
No podemos esperar a que todo sea perfecto para avanzar. Y habrá abusos, se ocultarán las verdaderas razones para intervenir o para no hacerlo en muchos casos, habrá dobles raseros, como los hay con China y el Tíbet, y podremos añadir una larga lista de argumentos variados pero que no modificarán lo esencial: afortunadamente el mundo ha cambiado y en este asunto estamos más cerca de la justicia que antes. Y ninguna frontera debe servir de reja de prisión para sus habitantes.
Costará, pero hemos emprendido el camino que a trancas y barrancas nos irá conduciendo a un orden democrático mundial si continuamos batallando. Y en todo caso, la suma de los desastres y de las injusticias que persisten o se agravan en el planeta sólo puede llevarnos a continuar el compromiso para que el cambio de siglo sea también el cambio de prioridades en la gestión de recursos y derechos.
Y por favor, dejemos de admitir que se masacre, torture, expulse por la fuerza o se cometan genocidios sobre la base de la soberanía nacional o contando con la inacción internacional, porque resulta absolutamente intolerable. Y no se puede estar en contra o a favor en función de las simpatías o antipatías que nos provoquen Pinochet o Milosevic. O sus víctimas. Hay que objetivar las razones para intervenir, más allá de las supuestas causas desde las que se justifican y cometen los crímenes. Porque se trata de lograr que todo el conjunto de medidas disponibles y nuevas se pongan a funcionar en la defensa de valores y principios universales y para todos los habitantes del planeta, sea cual sea su color o religión o tendencia política.
José María Mendiluce.
Eurodiputado.
La vanguardia
25/09/99
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