Cien especialistas de 36 universidades han firmado un documento en el que muestran su preocupación por el uso y explotación turísticos de la Mezquita de Córdoba por parte de la Iglesia. Los expertos opinan que la jerarquía católica ha "secuestrado su memoria" y ha convertido esta joya del patrimonio histórico español en una "mera herramienta de iniciación para catecúmenos". La Mezquita de Córdoba es patrimonio de la Humanidad desde 1984 y la Iglesia la puso a su nombre en 2006 por unos pocos euros en virtud de una ley franquista, recién reformada, que ha permitido, durante décadas, a los obispos registrar propiedades a su nombre sin demostrar su propiedad.
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Los especialistas que firman el manifiesto —historiadores, medievalistas, arabistas— consideran que el argumento de que Fernando III dio una orden en 1236 para que el edificio se usara como iglesia es "endeble jurídicamente", puesto que no supone una "donación regia, sino la cesión de un derecho de uso". Por eso consideran que las Administraciones, que han gastado "más de ocho millones de euros en el mantenimiento de la mezquita", deberían probar que no pertenece a la Iglesia, sino que es de propiedad pública. "Un mínimo de diligencia por parte de la Abogacía del Estado podría desmontar esos argumentos jurídicos".
Cuando se conoció que la Iglesia había puesto a su nombre la mezquita, las plataformas ciudadanas comenzaron su lucha para devolver este monumento a manos públicas, sin éxito por ahora. Pero la alarma cundió cuando la diócesis hizo movimientos que despojaban al templo de su historia como el hecho de dejarlo de llamar mezquita en los folletos que se reparten a millones de turistas para llamarlo solo Catedral de Córdoba. Los defensores de la propiedad pública no han pedido nunca que se deje de usar como catedral católica, sino que se respete su valor histórico, arquitectónico y cultural. Señalan, por ejemplo, "el disparate que supone modificar una de las puertas de acceso para permitir la salida de los pasos de Semana Santa", piden reiteradamente que se traduzcan las inscripciones árabes del edificio y lamentan la construcción de cuartos de baño junto al mihrab de Al-Hakam II (lugar de oración orientado a la Meca) o que no se reparen elementos arquitectónicos en deterioro.
El manifiesto firmado critica también la "desidia" demostrada, dicen, por la Junta de Andalucía y el Gobierno, obligados a conservar y promover "el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad", como señala el artículo 46 de la Constitución.
Carmen Moran para elPais.es
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