La Iglesia abre sus archivos para auditar los abusos

 La Iglesia española no pondrá traba alguna para que se rastreen sus archivos en busca de cualquier documento que pueda ofrecer pistas sobre posibles casos de abusos sexuales ocurridos en el último siglo. Lo confirmó ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la rueda de prensa de clausura de la Asamblea Plenaria que ha reunido a todos los obispos españoles esta semana en Madrid. De hecho, se seguirán los mismos criterios que esta semana anunciaban también los pastores portugueses. «Se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, canónica y la ley de protección de datos», detalló el portavoz episcopal. 

Desde una mirada más personal, el también obispo auxiliar de Valladolid apuntó que «se sobrevalora lo que se puede encontrar en los archivos». Argüello detalló que sobre la acusación más reciente llegada a su diócesis «no teníamos constancia en nuestros expedientes».

Tal y como ha podido constatar LA RAZÓN en estos días con obispos de diferentes puntos de España, no hay temor ni reticencia a que se miren una a una las carpetas. «En estos meses, nuestros documentalistas han estado analizando lo que algunos llaman ‘archivos secretos’ y solo hemos encontrado alguna nulidad guardada bajo llave referente a los años 40 y 50, pero ni rastro de abusos», expone un pastor que reconoce que esta era tabú hasta tal punto que no se dejaba registro algo. Ese mismo sentir comparten con este diario los responsables de las comisiones antiabusos de las principales congregaciones masculinas. «Cuando nos hemos puesto a mirar, las actas de algún traslado repentino de los depredadores que pueden ayudar a reconstruir un relato, pero no se explicaban las causas o solo se argumentaban ‘motivos personales’», explican.

En cualquier caso, tanto los superiores provinciales como los obispos ya han dado vía libre a los trabajos de análisis. Es más, el jueves por la tarde los prelados respaldaron por unanimidad el plan antiabusos que en febrero aprobó la Comisión Ejecutiva liderada por el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella. O lo que es lo mismo, la auditoría externa encargada al despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo. En contra de la división y tensión entre pastores que insinuaron algunos medios, en la sesión reservada simplemente solicitaron más detalles, por ejemplo, sobre el acuerdo de colaboración del bufete y la hoja de ruta en este año. En la reunión, el coordinador de la auditoria, Alfredo Dagnino, presentó a los obispos la carta a través de la cual se les solicitará su colaboración para facilitar datos de las oficinas de atención a las víctimas y de los archivos.

En la rueda de prensa de ayer, Argüello reiteró una vez más su posición respecto a la comisión en ciernes del Defensor del Pueblo para radiografiar los abusos en la Iglesia: colaboración sí, participación no. El portavoz insistió en que «no vamos a formar parte de esa comisión de forma institucional, igual que no formamos parte del equipo de trabajo de Cremades, aunque la hayamos encargado». En este sentido, insistió en que la lacra de la pederastia ha de abordarse en toda la sociedad y vio con buenos ojos el hecho de que el Parlamento catalán amplíe su mirada a otros sectores. Aún así, pidió «prudencia» para que no se multipliquen los entes que analicen el tema para evitar «revictimizar a las víctimas». 

Precisamente, en relación a la desconfianza mostrada por algunas asociaciones hacia el despacho Cremades&Calvo-Sotelo, Argüello hizo un llamamiento las víctimas para que «usen cualquier vía que consideren necesaria para denunciar» su caso, sean los tribunales, los medios de comunicación, las asociaciones…

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ayer, durante la rueda de prensa FOTO: FERNANDO VILLAR EFE