martes, 27 de junio de 2017

El opaco emporio inmobiliario de la Iglesia católica



"La Iglesia católica es la mayor propietaria de este país". El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, denuncia siempre que tiene ocasión la existencia de un "negocio inmobiliario" en torno a la Iglesia en España. La polémica de las inmatriculaciones no es sino la punta de un iceberg. 
Nadie, ni siquiera la Conferencia Episcopal, tiene un registro de todos los bienes de las 70 diócesis españolas. Además de los 24.000 bienes que admite la iglesia entre parroquias, templos o monasterios, habría que sumar centenares de otros tipo de propiedades relacionadas con el culto, desde pisos en alquiler (el centro de Madrid, Valencia, Sevilla o Bilbao están copados por terrenos propiedad de la Iglesia) a garajes, pasando por campos, fincas, colegios, cementerios o las clásicas casas del párroco de los pueblos, en su mayor parte en desuso.
La falta de vocaciones ha llevado a que los curas rurales no tengan una sede fija, y que sus antiguas casas, que habían sido propiedad de pueblos y pedanías, pasaran a estar vacías. Hasta que en 1998 el Gobierno de Aznar cambió la Ley Hipotecaria y permitió que la Iglesia católica (y solo la Iglesia católica) pudiera inscribir aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del Obispo, válida como la de un notario.
Desde entonces y hasta 2015, la Iglesia española inmatriculó unas 4.500 propiedades, según las estimaciones, pues hasta la fecha el Gobierno se había negado a hacer registro alguno sobre lo que algunos denominan "expolio" a los terrenos públicos. Algunas tan simbólicas como la mezquita de Córdoba, registrada por apenas 29 euros. Ahora, el Ejecutivo se ha comprometido a través de una respuesta parlamentaria al PSOE a  elaborar una lista con las propiedades inscritas entre 1998 y 2015.

La Conferencia Episcopal critica la decisión

La Conferencia Episcopal, entretanto, se lava las manos y no aporta dato alguno sobre el número de bienes inmatriculados. Eso sí, en su portal Xtantos, que gestiona la financiación de la Iglesia vía IRPF, se critica que ahora se pidan cuentas: "Nadie había puesto en cuestión la propiedad de muchos edificios porque era evidente a quién pertenecía la catedral de Burgos o una pequeña ermita perdida de cualquier pueblo de España".
Para la web episcopal, "lo mismo sucedía, siguiendo con los ejemplos, con los ayuntamientos y con los edificios públicos. También estos últimos estaban sin registrar. Nadie dudaba de quién eran y de quién son. En el caso de los edificios públicos y de los ayuntamientos, es evidente que del pueblo al que sirven. En el caso de los edificios religiosos, la evidencia es la misma: pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy, también pertenecerán a los cristianos del mañana".
"La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias", concluye Xtantos.
Lo que sí ofrece la Conferencia Episcopal en su Memoria de Actividades son datos de algunos de los inmuebles que "aportan" un beneficio a la sociedad. Desde las 22.999 parroquias o 827 monasterios, a los 3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes a la Iglesia en España, los 616 santuarios o los 22 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad (la mitad de los que existen en nuestro país).
A ello se suman los 2.593 colegios católicos, 15 universidades, 22 facultades eclesiásticas o 71 institutos superiores, todos con sus sedes – y con sus exenciones de IBI correspondientes– o, en el ámbito socio-sanitario, la propiedad de 65 hospitales, 56 ambulatorios o dispensarios y 773 residencias de ancianos y discapacitados. Todo un imperio inmobiliario, que ahora puede ponerse en discusión si, como parece, se puede argumentar que buena parte del patrimonio está en manos de la Iglesia y no de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas por la reforma de Aznar que lo propició.

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