miércoles, 9 de octubre de 2024

El juez de jueces del Vaticano sentenciará el caso Torreciudad

 La Santa Sede quiere resolver más pronto que tarde el conflicto abierto y enconado entre la Diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei en torno al santuario oscense de Torreciudad. Al menos así se deduce del nombramiento del toledano Alejandro Arellano como comisario pontificio plenipotenciario para determinar cómo se llevará a cabo la gestión a partir de ahora del centro de peregrinaciones de referencia para la realidad eclesial fundada por san Josemaría Escrivá de Balaguer.

El decano del Tribunal de Rota tendrá que dilucidar ahora sobre la actualización de los estatutos vinculados a un enclave que la Diócesis cedió en 1962 a través de un contrato por tiempo indefinido al Opus Dei y que incluye una ermita, una talla de Nuestra Señora de los Ángeles, una hospedería y unos terrenos anejos con un macrotemplo que hoy está catalogado de oratorio semipúblico.

Según reza el decreto vaticano al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Vaticano se adentra en esta crisis ante «la necesidad de resolver el conflicto suscitado» y después de «los infructuosos intentos de solucionar dichos desencuentros por medio de común acuerdo de las partes» con el fin de «considerar la actualización de los estatutos canónicos y civiles».

Designación determinante

La Santa Sede ha tomado cartas en el asunto tan solo dos semanas después de que el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, viajara expresamente a Roma para solicitar que interviniese directamente para resolver el enfrentamiento con la Prelatura. Y lo ha hecho eligiendo para dictar sentencia, en términos coloquiales, al máximo responsable del Tribunal de la Rota Romana. La designación del arzobispo español es más que determinante, en tanto que, de alguna manera, es el jurista más reputado y con más poder del orbe católico. Y es que, está al frente de la corte judicial de más alto rango de la Iglesia católica, con permiso del Tribunal Supremo de Doctrina de la Fe.

El recado implícito tanto a la Diócesis como al Opus Dei parece claro: una vez que el juez «supremo» del Vaticano se pronuncie no tendrán más margen de maniobra para recurrir y deberán acogerse a la resolución que adopte. Esta reacción temprana de la Santa Sede lleva a pensar también que, al margen de la pertinente investigación que realice Arellano, no estaría por la labor de demorar en demasía su informe definitivo.

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